En plena democracia, un tema complejo se hace visible en la agenda política provincial: la inseguridad.
Desde los diarios, la radio y la televisión, se realiza una descripción sesgada, y superficial de robos, asesinatos y secuestros, reduciendo la seguridad de la sociedad a la ejecución de algunos delitos del Código Penal.
El Gobierno Provincial, legitimado por estos discursos circulantes, impulsa el tratamiento legislativo de un proyecto que apunta al control social y la restricción de las libertades individuales y colectivas, la modificación del Código Contravencional o de Faltas vigente.
Ante esto debemos decir que:
- El origen de los delitos y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la falta de equidad social y de distribución de la riqueza, el desempleo, la exclusión y la desarticulación de las políticas educativas.
- Además el sistema policial-judicial al reducir intencionalmente el concepto de delito, oculta otros como la trata de personas, el narcotráfico a gran escala, el tráfico de armas, los desarmaderos, la estafa y la evasión de empresarios y la corrupción de funcionarios y políticos.
- Estos delitos no sólo ocasionan un daño social mucho mayor, sino que a través de sus nefastas consecuencias sociales están entrelazados con el origen de los delitos “de calle”.
